Un escándalo de proporciones aterradoras está sacudiendo al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) en la provincia de Buenos Aires. Denuncias de persecución política y violencia de género han salido a la luz, revelando un sistema corrupto que pone en riesgo la salud de miles de afiliados. La situación se torna crítica, ya que los afiliados han sido amenazados para que no hablen en los medios, mientras esperan desesperadamente la atención médica que les corresponde.

Una trabajadora con 27 años de antigüedad en IOMA, Karina Jeffler, ha denunciado que su carrera fue truncada por su afiliación a un partido político diferente. A pesar de su experiencia, le negaron el cargo de delegada, otorgándoselo a una persona con solo diez días de antigüedad. Esta situación refleja un patrón alarmante de favoritismo y represalias políticas dentro de la organización.

Las denuncias no se limitan a la gestión administrativa. Varias empleadas han presentado quejas formales por violencia de género, acoso y hostigamiento. Estas denuncias han sido elevadas al Ministerio de Salud, pero la respuesta ha sido ineficaz, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad extrema.

El presupuesto de IOMA para 2025, que asciende a más de 750 millones de pesos, plantea un contraste brutal con la realidad de los afiliados que mueren esperando atención médica. La corrupción y el desmanejo financiero han llevado a que la obra social se convierta en un campo de batalla político, donde el bienestar de los ciudadanos queda relegado a un segundo plano.

La situación es insostenible. La comunidad exige respuestas y acciones inmediatas para erradicar la corrupción y garantizar que los derechos de los afiliados sean respetados. Este escándalo no solo pone en tela de juicio la gestión de IOMA, sino que también revela un sistema que necesita ser reestructurado para poder brindar la atención que los ciudadanos merecen. La presión aumenta y la sociedad está atenta a las próximas acciones del Ministerio de Salud y las autoridades competentes.