El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ha desatado una ola de controversia al proponer la creación de una comisión para evaluar el retiro de Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este anuncio, realizado durante su intervención en el Congreso para solicitar el voto de confianza, ha generado un fuerte debate en el país. Arana, quien obtuvo 62 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones, argumenta que esta medida es necesaria para abordar la inseguridad y los problemas de derechos humanos en Perú.

La propuesta de Arana no es nueva; su historial incluye planteamientos polémicos como la evaluación de la pena de muerte y la creación de una policía municipal con 60,000 nuevos efectivos. Sin embargo, muchos críticos ven su anuncio sobre el Sistema Interamericano como un intento populista que carece de claridad y fundamento. La comisión que se formaría incluiría representantes del Ejecutivo, Legislativo, sociedad civil y academia, pero no se han ofrecido detalles concretos sobre su funcionamiento.

Además, Arana ha anunciado la posibilidad de trasladar a extranjeros peligrosos a sus países de origen y la creación de centros de estancia temporal para inmigrantes ilegales, lo que ha suscitado más dudas sobre la viabilidad de sus propuestas. Este contexto se suma a la crisis carcelaria existente en el país, lo que complica aún más la situación.

Mientras el Congreso interroga a otros ministros, la gestión de Arana se encuentra bajo la lupa. La baja cantidad de votos de confianza que recibió en comparación con sus predecesores plantea interrogantes sobre su capacidad para manejar la creciente tensión política y social. La nación está atenta a cómo se desarrollará esta situación crítica. La pregunta que resuena en todos los rincones es: ¿realmente es viable el retiro de Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? La respuesta podría cambiar el rumbo del país.